Lote 192: Comunidades indígenas afectadas con petróleo exigen que el Estado cumpla acuerdos.

Comunidades indígenas impactadas con petróleo, niños con enfermedades en la piel, contaminación de bosques y especies, son las consecuencias de los derrames petroleros del Lote 192 (anteriormente Lote 1AB) debido a los malos manejos de las empresas que explotaron el hidrocarburo en las provincias del Datem del Marañón y Loreto desde 1971. 

Como se recuerda, el presidente de la República, Pedro Castillo, anunció en su mensaje a la Nación del pasado 28 de julio que a través de un Decreto Supremo Nº 009-2022-EM se permitió la firma del contrato de licencia para la explotación del lote 192 entre Perúpetro y Petroperú, indicando el reingreso de la petrolera estatal en esta zona, lo cual generó un gran malestar en las comunidades indígenas que se encuentran alrededor del lote.

Cabe señalar que, previo a esta firma de contrato, se llevó a cabo un proceso de consulta previa donde se tuvieron 67 acuerdos a beneficio de las comunidades de las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, los cuales no fueron atendidos. 

Ante esta situación, las federaciones indígenas FEDIQUEP, FECONACOR, OPIKAFPE y ACODECOSPAT mediante una carta a cada despacho ministerial del Ejecutivo formalizaron el plazo de 45 días que establecieron en un comunicado emitido el 21 de agosto para que el Estado peruano reactive el diálogo y el cumplimiento de los acuerdos, de lo contrario convocarán una movilización indefinida bloqueando el río Marañón en Loreto. 

Entre los acuerdos está la atención inmediata a los derrames petroleros generados tanto por Frontera Energy, que se fue sin reparar los pasivos ambientales ocasionados durante su gestión, y por parte de la empresa que operará el Lote 192 tras haber estado paralizada durante un año, y que debido al mal estado de sus ductos sigue causando impacto. 

El Estado peruano señaló que asumiría los pasivos ambientales y que Petroperú al gestionar este lote tendría la obligación de atender los posibles daños que se registren. Sin embargo, ya son varios los derrames petroleros reportados en la zona. Recientemente se registraron tres en el Lote 192, dos en la comunidad kichwa 12 de Octubre ocurridos el 27 y 20 de agosto, y otro el 28 de agosto en la comunidad achuar Nueva Jerusalén.

Vigilante Amazónico conversó con el apu Igler Sandi, vicepresidente de la Organización del Pueblo Indígena Kichwa Amazónico de la Frontera Perú Ecuador – OPIKAFPE, quien mencionó que tras los 67 acuerdos que el Estado se comprometió con las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón; debía instalarse mesas técnicas a los 15 días, pero no se dio, por lo que su posición ahora es de no de dejar ingresar a ninguna empresa al lote petrolero.

Igler Sandi menciona que Petroperú es el actual responsable de atender los derrames registrados, pese a que el lote esté paralizado, pero no lo viene haciendo. Para ellos, la explotación petrolera es importante, pero no pueden permitir que el Estado ingrese al lote sin cumplir los acuerdos pactados.

“Estamos de acuerdo que se explote (el lote), pero bajo un compromiso, mediante la consulta previa con los 67 acuerdos que se han trabajado para el contrato de las petroleras. Sabemos que este lote es muy importante para el país (…); sin embargo el Estado se encuentra en una crisis política, no se ha avanzado nada, pese a la consulta previa que fue el 15 de agosto del 2021 en Andoas”, sostuvo Sandi. 

El líder indígena denuncia que los funcionarios dicen estar preocupados, “pero nunca se sientan con nuestros técnicos para corregir los procesos”. Son más de 1300 sitios impactados, y aún faltan hacer planes y estudios.

Sobre Perupetro S.A., empresa estatal de derecho privado que tiene a su cargo la administración de los recursos de hidrocarburos, señala que también tiene responsabilidad que asumir, dado que no ven avances ni en lo presupuestal ni en subsanar los derrames. 

“No es obligación de la comunidad estar llamando a Perúpetro, es potestad de ellos, (…), qué van a hacer cuando Perúpetro asuma la responsabilidad con una empresa y se bombee el mismo ducto. Ya hay derrames y muchos ductos están solo parchados”, acotó el vicepresidente de OPIKAFPE.

Según el apu, las personas que viven en el territorio saben que tienen cadmio y otros metales debido al esfuerzo de las comunidades y las federaciones para realizar estudios toxicológicos, y que, si bien el presidente Pedro Castillo sacó una resolución desde su gobierno para que el lote 192 vuelva a operar, lo ha hecho sin resolver los problemas del territorio como el de salud.

Los establecimientos de salud con los que cuentan son un par de containers conseguidos con esfuerzo de la comunidad, pero que no sirven para hospitalizar a un paciente, incluso han tenido que usar locales comunales como puestos de salud a donde llegan personas afectadas por el petróleo.

“Hace poco no más se tenían muchos pacientes con ronchas en la piel, eso debe estar registrado en la posta. Los que tienen (los registros) son los encargados del establecimiento de salud que siempre hacen reportes. Nosotros para confirmar (las afectaciones) al Estado hemos hecho el estudio toxicológico (…), y se ha sondeado de cada familia con una vivienda, que indica que están contaminados con plomo y cadmio”, sostuvo el apu. 

Asimismo, Vigilante Amazónico conversó con Mario Zúñiga, antropólogo especialista en temas amazónicos y uno de los autores de “La sombra del petróleo. Informe de los derrames petroleros en la Amazonía peruana entre el 2000 y el 2019”.

El especialista señala que el lote 192 ha estado detenido demasiado tiempo con una empresa que no ha tenido la capacidad de atender a las comunidades afectadas, y con el Covid-19  la situación ha empeorado para los pueblos indígenas. 

Para el especialista, la situación del Lote 192 es compleja, pues está descuidado y con compromisos que debieron cumplirse desde agosto del año pasado, generando expectativas elevadas en las comunidades, como la implementación de hospitales ante los impactos de los hidrocarburos en las personas. 

“En la zona del Tigre contaminaron quebradas, lugares donde la población accede para hacer pequeñas pescas, y sin que sepan han producido graves intoxicaciones y llagas en la piel. Muchos niños han estado a punto de morir, tenemos una situación de impacto grave a la salud y forma parte de la deuda del Estado”, acota Zúñiga. 

“En el estudio que hicimos nosotros, los costos de solo 32 sitios suman más de 300 millones de soles, tendríamos que invertir 6 años del tiempo en el que el petróleo esté con el máximo precio y todo el canon de este lote, solo para remediar 32 sitios. Ni siquiera se podría invertir con ese canon, qué tipo de ganancia recibimos, qué tipo de ganancias o desarrollo. Nos dejan con un déficit ambiental con una deuda terrible de pagar que se traduce en altos costos monetarios, ni hablemos de salud”, enfatiza el especialista.  

Para el autor de “La sombra del petróleo”, el escenario que se muestra para las problemáticas en torno a los lotes petroleros en la Amazonía se debe a una falta de institucionalidad, pues no se tienen los recursos humanos ni técnicos necesarios, así como voluntad política, además que existe una estructura de conveniencia para las empresas las cuales impiden resolver estas crisis, pues terminan protegiéndose con normas internacionales o declarándose en liquidación.

“Los que terminan en toda esta ineficiencia y desprotección e impacto son los ciudadanos peruanos, sobre todo la población indigena. Es terrible que la fiscalización dé excusas como falta de dinero, tecnicismos, sin importar que muera gente. Hay una falta de empatía e indolencia ante la gente de estas zonas que se enfrenta a derrames constantes”, puntualiza Zúñiga. 

Vigilante Amazónico intentó comunicarse con Petroperú para ahondar en las propuestas y los avances que tienen sobre los acuerdos firmados con las federaciones indígenas, pero no se obtuvo respuesta alguna.